El primer reporte de quienes reciban más de 50 depósitos de personas distintas en un mes deberá realizarse en enero de 2025.
Junto con el nuevo procedimiento para el alzamiento del secreto bancario, otra de las normas que se aprobaron en el proyecto de cumplimento tributario es la obligación que tendrán las instituciones financieras de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre cuentas que reciban más de 50 transferencias de personas distintas en un mes, o bien, más de 100 transferencias de personas distintas en 6 meses. Dicha información deberá ser remitida de manera semestral dentro de los meses de julio y enero, respecto del semestre inmediatamente anterior. El SII precisó que el primer reporte semestral deberá realizarse en enero de 2025.
La subdirectora de fiscalización del SII, Carolina Saravia, detalló que la información que reciba el SII es un elemento con que la institución podrá realizar análisis y detectar a quienes realizan actividades comerciales por las cuales deberían estar pagando impuestos. Explicó que, luego de ese análisis, se realizarán las fiscalizaciones que correspondan en los casos en que existan indicios claros de incumplimiento tributario o de comercio informal. Saravia aclaró, además, que esta norma no está focalizada en actividades como las del tesorero del curso, rifas solidarias, cuotas de actividades sociales o familiares.
En el caso de los feriantes, sector que también recibe pagos vía transferencias, el Gobierno envió un proyecto de ley para la modernización de su sistema de tributación, que hoy está asociado al pago de la patente.
Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores, cree que en este proceso “es clave que SII entregue información clara y precisa al contribuyente de cómo opera el mecanismo, indicando cuáles son las obligaciones tributarias que podrían eventualmente estar siendo evadidas a nivel de movimientos bancarios”.
Sebastián Saavedra, socio de Binatax, coincide en que es clave que “el SII establezca criterios claros y validaciones robustas, antes de iniciar procesos de fiscalización, evitando así revisiones innecesarias que podrían resultar en un uso ineficiente de recursos”.
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