Columna del socio de Binatax, Patricio Pohl en América Economía.
En estos últimos días Chile sigue asombrándose con el denominado «Caso audios», que involucra a empresarios, abogados y ex ministros chilenos.
Han bastado audios y mensajes de WhatsApp para mostrar lo extendido de ciertas conductas que generalizamos y popularmente calificamos como corrupción.
Simultáneamente, entraban en vigencia las modificaciones que la Ley Nº21.595 de Delitos Económicos, publicada el año pasado, introdujo en la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Empresas, ampliando el ámbito de aplicación de esta última ley al aumentar la cantidad de delitos base por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.
De esta forma, a delitos como el cohecho, la corrupción entre particulares y el lavado de activos, se sumaron como delitos económicos conductas tales como el uso de información privilegiada, el tráfico de influencias, y otros.
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